La Ley I+D que conocemos hoy no es la que se promulgó en 2008. Entender cómo cambió ayuda a entender por qué funciona como funciona, y por qué todavía se discute cómo mejorarla.
2008: una ley pensada solo para “contratar afuera”
La Ley 20.241 se dictó en 2008 con un objetivo claro: aumentar la inversión privada en investigación y desarrollo en un país que invertía muy poco. Pero su diseño original era estrecho:
- Solo permitía proyectos “extramuros”: la empresa debía contratar la I+D a un centro de investigación inscrito en un registro. Si tenía su propio equipo de ingenieros o científicos, no podía usarlo.
- El crédito tenía un tope de 15% de los ingresos brutos anuales de la empresa, y un máximo de 5.000 UTM.
- La verificación previa era vista por las empresas como lenta y engorrosa.
El resultado fue pobre. Según cifras de Corfo citadas en una tesis de la Universidad de Chile (Olivares, 2014), entre 2008 y 2012 se levantaron bajo la ley original apenas US$ 14,4 millones en proyectos de I+D.
2012: la reforma que cambió el juego
En marzo de 2011 el Gobierno presentó un proyecto para modificar la ley, y tras poco más de un año de tramitación se dictó la Ley 20.570 (2012). Sus cambios principales:
| Antes (2008) | Después (2012) |
|---|---|
| Solo contratos con centros inscritos | Se suman los proyectos intramuros, con capacidades propias |
| Tope de 15% de los ingresos brutos | Se elimina ese tope |
| Máximo 5.000 UTM de crédito | Máximo 15.000 UTM por año |
La lógica era simple: la mayor parte de la I+D empresarial ocurre dentro de las empresas, no en universidades. Abrir la modalidad intramuros permitió que una empresa con su propio equipo técnico pudiera usar el beneficio. Explicamos ambas modalidades en Intramuros vs. extramuros.
Durante la discusión también hubo críticas. Algunos parlamentarios advirtieron que triplicar el tope podía beneficiar sobre todo a grandes empresas, y otros propusieron incentivos diferenciados para regiones, una idea que no prosperó.
Hoy: vigente hasta 2035
Según las Preguntas Frecuentes de Corfo, pueden acogerse los contratos y proyectos certificados hasta el 31 de diciembre de 2035. Desde septiembre de 2024 la postulación se hace en una plataforma en línea.
Lo que sigue en discusión
Un estudio de la Universidad de Chile (Weber, 2022) revisó las propuestas planteadas en el proyecto de reforma tributaria de ese año, entre ellas:
- Subir el tope anual del crédito de 15.000 a 45.000 UTM.
- Dejar el beneficio sin fecha de término.
- Incluir a empresas de los regímenes Pro Pyme y permitir que algunas de ellas recuperen el crédito no usado.
Son propuestas, no cambios vigentes. Pero muestran hacia dónde apunta el debate: hacer el incentivo más accesible para empresas pequeñas y más estable en el tiempo.
Nuestra lectura
La historia de la Ley I+D es la de un instrumento generoso que tardó en encontrar su forma. La reforma de 2012 resolvió el problema más grave, que era ignorar la I+D hecha dentro de las empresas. El desafío pendiente es que la usen más empresas, no solo las grandes. Lo analizamos en La paradoja de la Ley I+D.
Este artículo es informativo y no reemplaza asesoría tributaria. Fuentes: Ley 20.241, Ley 20.570, Preguntas Frecuentes de Corfo, Olivares (2014) y Weber (2022), Universidad de Chile.